Juez unifico todas las causas contra gremialistas

Juez unifico todas las causas contra gremialistas, el caso Arcando, el escrache a Bertone hasta la patada de Catena.

El juez penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, resolvió en las últimas jornadas unificar varias causas que vinculan a dirigentes gremiales con la presunta agresión a funcionarios públicos, incluido el escrache al domicilio de la gobernadora Rosana Bertone y el incidente con el vicegobernador Juan Carlos Arcando al termino de un acto (ver). Con esta medida judicial se demorará la resolución de la situación procesal de los cinco sindicalistas imputados en el incidente con Arcando, que fueron detenidos poco después del hecho y liberados tras negarse a prestar declaración indagatoria.

En principio, el juez tenía diez días hábiles para resolver la situación procesal, pero al acumularse el expediente con otras causas, primero se tomarán nuevas declaraciones indagatorias (a otros imputados) y una vez concluida la última recién comenzará a correr el plazo para definir la situación de cada uno.

Fuentes judiciales dijeron que la unificación fue resuelta porque si bien se trata de episodios diferentes, en varios de ellos los acusados son los mismos.

El detalle de las causas acumuladas no trascendió, aunque se sabe que ahora incluye el escrache que sufrió la gobernadora Rosana Bertone en su domicilio de calle Bielke (ver), donde dos de los imputados son los que después detuvieron por la agresión a Arcando. Los escraches que se realizaron en los domicilios de varios de los legisladores, en el cual actuaron persona encapuchadas, segun denunciaron desde el Ejecutivo.

Además, se investiga el incidente ocurrido con el Secretario de Cultura, Hugo Santos (ver video) y un hecho de vieja data en el que está involucrado el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, quien fue acusado de pegarle una patada a un funcionarios del gobierno de la anterior gestion durante una reunión paritaria en 2015 (ver).

“Como se repiten los imputados y las características de los sucesos investigados, el juez decidió unificar las causas. Por eso va a indagar a todos y después resolverá si los procesa, los sobresee o les dicta falta de mérito”, explicó la fuente consultada.

En el caso de Catena la unificación tendría que ver con la estrategia del Gobierno Provincial de impedirle participar de las paritarias docentes, recordemos que el apartamiento del Secretario General del SUTEF se había solicitado al Juez Laboral, Penza quien fallo en contra del pedido del Ejecutivo (ver).

En tanto uno de los gremialistas acusados de agredir a Arcando, ya cuentan con una condena anterior por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013. No obstante, esa sentencia no se encuentra firme y tiene pendiente un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia.

El caso Arcando: Los sindicalistas que fueron detenidos por la agresión a Arcando son Horacio Gallegos del gremio municipal (Soem), Juan Manuel Stefoni y Alejandro Marcelo Gómez del gremio docente (Sutef) José Darío Gómez del gremio de empleados públicos (Afep) y Roberto Camacho de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Alejandro Gómez fue el único que no fue encontrado por la policía provincial en su domicilio y se entregó por su propia voluntad, horas después, en tribunales. Gómez, además, ya cuenta en su haber con una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por la toma de la casa de gobierno.

Arcando, es querellante en la causa y el fiscal Fernando Ballester Bidau había justificado las detenciones en el hecho de que “los imputados pueden influir en testigos para que declaren en forma falsa o puedan destruir pruebas o falsificar elementos de prueba”, indicó.

Ballester Bidau afirmó que, durante el incidente, los manifestantes “intimidaron y forcejearon con el personal policial y con el propio Arcando”, mientras que después, un gremialista golpeó a dos policías, con ayuda de otro que se sumó al tumulto, mientras que un tercero cerró la puerta del móvil policial para que no pudiera irse el vicegobernador y le produjo daños al patrullero.

El fiscal acusó a los gremialistas de los presuntos delitos de “lesiones leves, daños agravados, atentado contra la autoridad agravado (por haber sido cometido por más de tres personas) y resistencia a la autoridad”.

En cambio los gremios descalificaron el accionar policial y judicial, y denunciaron una “caza de brujas” y una “violación de derechos humanos fundamentales”.