Concejal denuncio a una banda por extorsion

La Justicia realizo allanamientos y tres sujetos fueron identificados, siendo empleados publicos. Los sospechosos de realizar extorsiones.

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, concejal Juan Carlos Pino, se presentó ante el Fiscal mayor Guillermo Mássimi, a fin de radicar una denuncia por actos extorsivos en marzo de este año. A raíz de esa presentación se inició la causa “Pino Juan Carlos S/ denuncia”, que se encuentra en plena etapa de sustanciación en la órbita del Juzgado de Instrucción Nro 1, del Distrito Judicial Sur, con la titularidad del Juez Javier de Gamas Soler y la Secretaría del Dr. Sergio Pepe.

Luego de instruirse la denuncia, el fiscal mayor, Dr. Guillermo Mássimi requirió el inicio de la instrucción penal y solicito una serie de medidas probatorias, además de las aportadas por el denunciante, a fin de constatar la existencia del delito penal de extorsión, que según el Código Penal Argentino, prevé penas de 5 a 10 años de cárcel.

La Justicia ya tendría identificadas a tres personas vinculadas al hecho se trataría de empleados públicos, uno dependiente de un organismo autárquico del Estado provincial y el otro, del Ejecutivo municipal.

Los tres sujetos que deberán sentarse ante el Juez De Gamas Soler para prestar declaración indagatoria, tendrán que esperar unos diez días para saber si el magistrado dispone su procesamiento o no.

Ellos son: Daniel Alberto Vivas, empleado de la Dirección Provincial de Energía; otro hombre Lautaro García, quien se desempeña en Haberes del Municipio de Ushuaia y un tercero Juan Jose Gonzalez del que solo se sabe que se domicilia en el asentamiento Kaupén.

En el interior de sus viviendas la policía halló una importante cantidad de elementos incriminatorios, como computadoras, teléfonos e - inclusive el aparato y la línea con la que se habrían efectuado los distintos llamados extorsivos.

Todo comenzo con un mensaje: “No te hagas el picante, atendéme, las grabaciones que tengo te van a interesar”. Los mensajes al celular del presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia no le dejaban lugar a dudas. Alguien estaba a punto de someterlo a un “apriete” de alcances todavía insospechados.

Juan Carlos Pino eligió no atender al desconocido que entonces buscó convencerlo de “la conveniencia de atenderlo” y le mandó “un adelanto” en formato mp3. En el audio llegado vía WhatsApp, se podía escuchar a alguien que hablaba, con lujo de detalles, sobre supuestos manejos irregulares con los haberes de la institución, que podrían comprometer a Pino, afectando tal vez su imagen.

El edil reconoció enseguida al que hablaba, un empleado de planta del propio Concejo, de apellido Pérez. Entre el eventual costo político de ventilar el asunto y una inminente extorsión, Pino prefirió lo primero. Tras consultar a su asesor letrado, el abogado Gastón Díaz, se presentó ante el Fiscal Mayor Guillermo Massimi para exponer los hechos.

Era por entonces el 10 de marzo próximo pasado. Citado de inmediato por la Justicia, el empleado indiscreto reconoció que la del audio era su voz y creyó recordar que la conversación de marras la había sostenido con un empleado municipal, al que conocía por su nombre de pila, Lautaro (Garcia).

Sentado frente al Fiscal, Pérez reveló que el tal Lautaro (Garcia) le pedía su mediación para ser trasladado por adscripción al Concejo y que de allí devino el resto de la conversación. “Te van a chupar el sueldo”, le advertía, paternal, Pérez.

Bajo secreto: Al revelar públicamente lo sucedido, tras casi dos meses de sigilosa investigación, Pino refirió que al momento de su denuncia “me fue peticionado por parte de la fiscalía mantener reserva a fin de realizar las correspondientes investigaciones, y así lo hice”.

Las investigaciones tuvieron un ritmo vertiginoso y los resultados altamente positivos. Las confesiones de Lautaro Garcia de 37 años, llevaron hasta un empleado de la Dirección Provincial de Energía; Daniel Alberto Vivas y un tercer sujeto (quien estaría desocupado) Juan Jose González, que sería el autor de los mensajes y llamadas que Pino recibiera en su celular.

Allanamientos realizados en dos domicilios (uno en calle Chowen y otro en 12 de octubre, siempre de Ushuaia) derivaron en el secuestro de varios teléfonos celulares, aparatos de grabación y al menos dos computadoras y notebooks que fueron convenientemente peritadas y en las cuales se hallaron pistas de los mensajes y los llamados informados por el concejal. La labor de la Policía Científica de Ushuaia ha sido fundamental en este cometido.

Según informó el propio edil, la denuncia fue radicada el 10 de marzo junto a su abogado Gastón Díaz y el fiscal Guillermo Mássimi requirió el inicio de la instrucción penal y solicitó una serie de medidas probatorias, además de las aportadas por el denunciante, a fin de constatar la existencia del delito penal de extorsión.

El concejal expresó que no sólo recibió un llamado telefónico sino también mensajes de texto de un número de celular -desconocido hasta ese momento- donde se le expresaba que contaban con material grabado de conversaciones de allegados a él, que según expresaban podía “afectar su imagen”.

Consultado el concejal Pino al respecto refirió que al momento de denunciar este hecho “me fue peticionado por parte de la fiscalía mantener reserva a fin de realizar las correspondientes investigaciones, y así lo hice”.

Según pudo conocerse las medidas de prueba que se llevaron adelante los últimos dos meses arrojaron “resultado positivo” quedando involucradas tres personas de sexo masculino.

El abogado del concejal explicó que “a raíz de los allanamientos realizados en diversos domicilios pudieron colectarse medios de prueba que serán de interés para la causa, como ser grabaciones, elementos informáticos y telefónicos entre los que se encontraría el aparato celular desde el cual se enviaron los mensajes de texto con carácter extorsivo”.

Esta práctica ilegal, que suele presentarse durante los meses electorales, no es la primera vez que sucede en nuestra provincia ya que años atrás se investigó a un grupo de personas dedicadas a sustraer conversaciones telefónicas de manera ilegal, también con fines extorsivos.

Expresó que “nos hemos presentado como querellantes, ofrecimos declaraciones testimoniales que ya fueron producidas y con los resultados de los allanamientos consideramos que el llamado a indagatoria es el paso siguiente”.

El concejal Pino sostuvo que “voy a seguir la causa hasta su total esclarecimiento porque considero que este accionar delictivo puede sucederle a cualquier vecino de la ciudad, sea o no funcionario público. He aportado todo lo que me fue solicitado por la fiscalía e incluso accedí al peritaje de mi aparato celular para que se extraiga todo lo que resulte importante para el esclarecimiento de este hecho”. Este trabajo estuvo a cargo de Policía Científica, detalló.

Al mismo tiempo remarcó que “existe a partir de este hecho, la denuncia y su esclarecimiento por parte del Poder Judicial, un claro mensaje: no todo está permitido, no se puede andar por la vida grabando y escuchando ilegalmente a otras personas sin que ello tenga consecuencias penales negativas, como de seguro las tendrá en este caso”.