Amparo por gas criticas a la postura de Bertone

Abogado prepara un amparo para colectivo por tarifa de gas para todos los fueguinos y critica la postura de Bertone, Vuoto y Queno.

La gobernadora Rosana Bertone podría verse prácticamente obligada a cumplir “con el deber constitucional de defender los intereses de los fueguinos”, tras la postura que tomó el Dr. Federico Rauch al conocer el fallo favorable al Municipio de Río Grande contra el aumento de la tarifa de gas (ver). Bertone podría ser citada en el amparo como “tercero obligado”.

“Hay una ausencia muy importante de la provincia”, dijo el Dr. Federico Rauch tras el fallo favorable al amparo colectivo que presentó la Municipalidad de Río Grande. Su estudio también prepara un amparo contra el tarifazo, en forma particular y para todos los fueguinos, pero el gobierno provincial podría ser citado por ser “tercero obligado”, forzando a Bertone a sumarse a la acción judicial.

Aunque haya apelación desde Nación, se mantendrán las tarifas vigentes antes del aumento, hasta la definición final por lo menos y por ahora en Rio Grande. También recordó la facultad constitucional y legal del gobierno fueguino de quitar a ENARGAS como autoridad de aplicación y definir su propia distribución de gas, prescindiendo de Camuzzi.

La sentencia de la jueza Lilian Herráez retrotrae los aumentos para todos los ciudadanos de Río Grande, sin distinción entre residenciales, comercio e industria y, a criterio del Dr. Rauch, el gobierno fueguino es un “tercero obligado” y podría ser citado a sumarse a la medida cautelar.

Recordemos que el intendente Gustavo Melella destacó el aporte de Rauch en el amparo del Municipio, dado que “enseguida se puso a disposición y estuvo trabajando con el Dr. Federico Runín y con el Dr. Federico Greve, intercambiando ideas”, dijo ayer a FM Aire Libre el jefe comunal, destacando a Rauch como “una de las personas que colaboraron para que esta medida sea positiva”.

El abogado prepara una medida “de clase” para que tenga alcance sobre todos los fueguinos, dado que hasta ahora no accionaron ni los intendentes Vuoto de Ushuaia y Queno de Tolhuin, ni la gobernadora Bertone.

En principio, Rauch consideró esta sentencia como “una excelente noticia y otra medida más que ha tomado la justicia federal que, hasta ahora junto con el ministerio público fiscal, tienen una clara posición a lo largo y ancho del país. La sentencia no podía ser otra porque es muy clara la situación”, sostuvo.

Valoró “la acción de amparo que ha presentado el intendente de Río Grande, que trasciende en la provincia, porque hace lo que tiene que hacer un político, que es ponerse al frente de la necesidad de sus vecinos”.

Y consideró que “acá hay un gran ausente, que es la provincia”, por lo que prevé “proponer que se cite a la provincia como tercero obligado, a participar en este asunto”, adelantó.

Explicó que el gobierno, en cabeza de Rosana Bertone, “es un tercero obligado” por disposiciones constitucionales. “Acá hay una ausencia muy importante de la provincia, que no hace lo que tiene que hacer, conforme a la Constitución. Hay varios artículos de nuestra Constitución que establecen que el gobierno provincial tiene obligación de defender y proteger los intereses de los fueguinos y claramente acá hay un interés a proteger. Esto resulta obvio”, sostuvo.

“No alcanza con ir a Buenos Aires a mendigar tarifas. No alcanza con ir a negociar, que por supuesto es bueno, pero se tiene que hacer junto con medidas del punto de vista jurídico y legal, porque las negociaciones pueden salir bien, o mal”, advirtió.

Medidas paralelas: El Dr. Rauch puso como ejemplo la conducta adoptada por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que “no dudó en darle instrucciones a su Fiscal de Estado para que iniciara una acción de amparo y pidiera una medida cautelar, mientras él iba a Buenos Aires a discutir con Frigerio y Aranguren”.

Abrió así la posibilidad de mantener el diálogo político en forma paralela a las acciones judiciales. “Das Neves tiene años y tiene camino. Se cubrió, no él, sino que cubrió a sus comprovincianos e hizo lo que tenía que hacer como gobernador, junto con su Fiscal de Estado”, dijo, teniendo en cuenta que en Chubut el tarifazo fue considerado inconstitucional.

A la luz de la posición que tomaron los juzgados de Ushuaia y Río Grande, un nuevo amparo tendría idéntico desenlace: “Estoy contento porque ambos juzgados federales de la provincia están actuando y ambos fiscales ya han dictaminado”, expresó, tomando en cuenta el amparo favorable a la Cooperativa Renacer en Ushuaia, con fallo dictado por el juez Federico Calvete.

Medida “de clase”: A la vez que realizó su aporte a la cautelar impulsada por el intendente Melella y su equipo, desde su estudio prepara “una acción de clase, que tiene ribetes similares, porque es una situación de carácter colectivo. Se trata de una clase de personas, en este caso todos los fueguinos que necesitan acceso al servicio público de gas, es decir prácticamente toda la provincia. El gas se distribuye no sólo a los usuarios de gas de red sino a los de garrafas, que están en una situación aun más frágil”, observó.

“Todas las personas usuarias del servicio público de gas forman parte de la misma clase”, dijo del intento de accionar colectivamente, dado que no lo está haciendo el gobierno ni los demás municipios.

Apelaciones en puerta: Consultado sobre la posibilidad de que sea apelada esta sentencia, dijo que es prácticamente un hecho pero que no tendrá efecto suspensivo, por lo que seguirán frenados los aumentos.

Hoy por hoy, Camuzzi está obligado a “refacturar con los valores del cuadro tarifario anterior y esto es independiente de la apelación que seguramente se hará, como ya anunció el jefe de gabinete Marcos Peña ante el Congreso Nacional”, dijo.

“Peña informó a los senadores que la orden era apelar todas las medidas. En este caso el procurador del tesoro debe manejar las apelaciones y no Gils Carbó, como procuradora general. En cada caso que esté sustanciándose y cada amparo que se haya hecho en el país, el Poder Ejecutivo se va a presentar a través de quienes delegue”, explicó.

Consideró “importante que la gente sepa que la apelación no tiene efecto suspensivo. La orden se cumple, hasta tanto sea revocada, si es que alguna vez es revocada”, por lo cual “por más que apele el Poder Ejecutivo, no tiene efecto” respecto de la tarifa.

Comodoro concentra: Respecto de la instancia de apelación para toda la Patagonia, el Dr. Rauch recordó que definirá la Cámara de Comodoro Rivadavia. “En la Patagonia toda la cuestión se va a resolver relativamente rápido, en no más de 25 días, por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Todas las acciones de amparo, la de Río Grande, la de Ushuaia, la de Santa Cruz, la de Rawson, la de Bariloche, todas las medidas van a ser revisadas seguramente en un solo fallo, por los tres miembros de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia”, adelantó.

“Esto es sólo el comienzo. El Poder Ejecutivo va a apelar y, como es una acción de carácter sumarísimo, los plazos son muy cortos. En no más de dos semanas va a haber un pronunciamiento de la Cámara, que tampoco es totalmente final, porque tanto el Ejecutivo como los afectados pueden interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia”, apuntó.

Vale decir que “es muy probable que esta situación termine en la Corte Suprema de Justicia, si es que antes no se llega a un acuerdo entre el gobierno nacional, las transportadoras y el gobierno de Tierra del Fuego”.

Para el Dr. Rauch “el resultado final no debería ser judicial, debería ser político claramente, porque no se puede producir un aumento tarifario de este tamaño sin que al menos se le permita a los afectados dar su opinión. Para eso es la audiencia pública, que no son una formalidad en estos casos: una cosa es poder ir a comprar el gas a cualquier lado, y otra tener un monopolio de ley, donde no hay opciones y, si no se compra ese gas, uno se muere de frío. Acá no se puede ir a comprar a otro lado, es un solo proveedor y un solo distribuidor, y mínimamente los usuarios tienen que tener el derecho de poder ser informados antes de que se cambien las reglas del contrato y se aumente la tarifa; y saber qué razones hay para aumentar esa tarifa”, dijo.

Cuestionó que en este tarifazo “los consumidores han sido tratados como ganado y eso no es ni democrático ni mucho menos propio de una república”, y avizoró un buen resultado aun si los casos llegan a la Corte: “Es muy difícil que algún juez vaya en contra de la gente, en estas condiciones de la República Argentina”, opinó.

Camuzzi, un mal innecesario: El letrado advirtió que “seguramente va a haber que hacer un reajuste” luego de que termine esta batalla judicial, pero se detuvo en las importantes herramientas que tiene Tierra del Fuego hasta para definir sus propias tarifas: “Cada provincia tiene sus herramientas y especialmente las provincias productoras, por eso la ausencia del gobierno es sorprendente”, reiteró.

“El gobierno de Tierra del Fuego tiene herramientas muy poderosas para resolver este tema y esas herramientas se las dimos en 1994 con la reforma constitucional, con un proyecto de mi autoría que hoy es el último párrafo del artículo 124, que transfirió todos los recursos naturales a las provincias. Eso significa que por imperio de la ley 26197, los contratos de concesión están regulados, consolidados y fiscalizados por la provincia”, explicó.

“Por otro lado, la distribución de gas en la red interna de Tierra del Fuego –no en la que va al continente- es una atribución que tiene la provincia, y mañana puede ir tranquilamente a decirle a Nación que no le interesa más que ENARGAS siga siendo la autoridad de aplicación y que se va a hacer cargo de la distribución”, aseveró.

Agregó que esto es posible porque ni los caños ni la red de distribución la pagó Camuzzi. “Esa plata salió de la provincia o de los particulares, por eso no se sabe bien para qué está Camuzzi y cuál es el aporte que realiza la provincia, que puede adoptar la distribución y esta ley se lo permite”, remarcó.

“El gobierno puede hacerse cargo de inmediato y ENARGAS, en lo que hace a la distribución dentro de la provincia, no tiene nada más que decir. Eso quiere decir que los cuadros tarifarios no los fija ni ENARGAS y mucho menos Aranguren”, sentenció.

Insistió en que “esas decisiones son políticamente posibles y hay que preguntarse por qué hoy nadie quiere mostrar el cuadro de costos de Camuzzi, de la transporta TGS que tampoco pincha ni corta en el consumo interno, ni de los productores que inyectan en el gasoducto fueguino. Hay que sentarse a hablar de eso y es una muy buena ocasión para que la clase política de Tierra del Fuego se ponga los pantalones largos y empiece a trabajar por los intereses de los fueguinos, no de las petroleras, las distribuidoras o el gobierno nacional”, concluyó el Dr. Rauch.