El juicio donde se investiga la conducta penal del ex secretario de Obras Públicas, Pedro Bernal y del ex subsecretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur, Jorge Domínguez, durante el gobierno de Jorge Colazo, tomó un vuelco inesperado luego de que dos de los empresarios imputados que no había declarado a inicio del debate rompieron el silencio y comprometieron la situación de los colaboradores del destituido gobernador. Uno de los imputados había declarado durante la instrucción de la causa y había manifestado que las obras las había realizado. En el juicio se había negado a declarar aunque transcurridos algunas testimoniales pidió ampliar su indagatoria. Acusó a los ex funcionarios colacistas y su entorno de que le pedían facturas en blanco. También admitió que una de las obras en la policía no la efectuó pero que en su lugar hizo otra en Defensa Civil Provincial sobre la Ruta 3. El segundo imputado también se había negado a declarar en un primer momento pero luego rompió el silencio y también aseguró que le pidieron facturas y presupuestos en blanco. Los dos ex funcionarios del destituido gobernador Jorge Colazo quedaron seriamente comprometidos.En el juicio se debate el presunto accionar defraudatorio contra el Estado Provincial al haber facturado y pagados obras en edificios de la policía provincial que no fueron realizados o que se efectuaron parcialmente por un monto de 550 mil pesos.Héctor Valentín Echt, de la empresa VAP Servicios Generales y Pablo de la Cruz Peña, de PCP Servicios de Mantenimiento, rompieron el esquema el pasado lunes cuando pidieron ampliar su declaración indagatoria debido a que en un primer momento se habían negado a dar su versión de los hechos amparados en su derecho procesal a no declarar.
Echt había declarado en la instrucción de la causa y había asegurado haber realizado las obras. Pero como contrapartida en esta oportunidad afirmó que realizó los trabajos en el destacamento policial de Lago Escondido – algo que efectivamente sucedió ya que el trabajo fue efectuado – pero admitió ante los jueces que no realizó trabajos en Jefatura de Policía.
Pese a ello Echt justificó su situación al sostener que a cambio efectuó trabajos en las dependencias de Defensa Civil Provincial de Lago Escondido aunque sobre dicha obra no habría expediente alguno.
Pero lo más trascendente fue que confirmaron que funcionarios del área de Obras Públicas que estaba a cargo de Bernal y Domínguez, gente de su entorno les solicitó facturas en blanco que serían las que luego fueron agregadas al expediente pero con letras que no les pertenecían a él como titular de la firma.
El otro que declaró fue Pablo de la Cruz Peña, el contratista que tenía a su cargo la realización de obras en el puesto de control policial a la salida de Río Grande. Según el Tribunal de Cuentas estos trabajos fueron realizados parcialmente aunque el imputado explicó en su declaración que él construyó dos casillas de madera y no una como se dice en el expediente.
Pero además y más allá de la discusión sobre si la obra se ejecutó en un cien por ciento o de manera parcial, Peña informó a los jueces al igual que Echt, que la gente de Obras Públicas le solicitaron facturas en blanco, con lo que se reforzó la hipótesis que sostiene la fiscalía y que se resume a que Bernal y Domínguez.
Hay que recordar que para el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, el acto defraudatorio por parte de los funcionarios colacistas consistió en que “agregar facturas y presupuestos falsos de algunos proveedores intentando así mostrar la realización de trabajos, que en realidad no se ejecutaron”.
Según el director de administración financiera del área, los trabajos se pagaban siempre con cheques numerados y registrados. Dos de los acusados aseguran que los pagos eran en efectivo. El tribunal dispuso dos careos. Hoy continúa la ronda de testimonios.
La polémica sobre la forma en que se pagaban los expedientes de obras públicas durante la gestión del ex gobernador Jorge Colazo dominó la tercera jornada del juicio oral y público donde se investiga la utilización irregular de adelantos con cargo a rendir por un valor de 550 mil pesos.
Es que mientras para el ex titular de la Dirección de Administración Financiera (DAF) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Luis Bernales Díaz, los pagos se efectuaban "siempre" a través de cheques numerados y debidamente registrados, para el ex subsecretario del área, Jorge Domínguez, y para el comerciante Omar Calquin –ambos imputados en la causa– era común que se realizaran pagos en efectivo.
El asunto es relevante para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, ya que mientras los ex funcionarios Domínguez y Pedro Bernal (ex secretario de Obras Públicas) están acusados de varios delitos, Bernales declaró como simple testigo y negó cualquier participación en maniobras ilícitas.
La causa investiga si con los adelantos pedidos por Domínguez y autorizados por Bernal, se pagaron decenas de obras públicas que no se habrían llevado a cabo.
A los catorce empresarios y comerciantes imputados, los acusan de haber presentado facturas o presupuestos falsos, además de no haber realizado los trabajos para los que fueron contratados. Muchos de ellos sostienen, por el contrario, que las obras fueron ejecutadas en tiempo y forma.
Dos careos
Bernales Díaz era el testigo que había generado más expectativa. En su exposición inicial ante los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Magraner y Javier De Gamas Soler, afirmó que nunca manejó dinero proveniente de adelantos con cargo a rendir, a la vez que negó haber guardado efectivo en una caja fuerte situada en las oficinas de Obras Públicas.
"Nunca hice pagos en efectivo, en ningún caso. La caja fuerte no se usaba para guardar dinero porque a la combinación la conocía mucha gente dentro del Ministerio", aseveró el hombre que tiene en su haber un procesamiento judicial en otra causa distinta a la que llegó a juicio. A raíz de estos dichos, el tribunal dispuso un primer careo entre Bernales Díaz y Domínguez. El ex funcionario le recordó al director de la DAF que muchas veces había pagado obras en efectivo, y que la plata la guardaba también "en una bolsa blanca".
Bernales se mantuvo firme en su declaración anterior. Después los jueces ordenaron un segundo careo entre el mismo empleado y Calquín. El comerciante le reprochó la ocasión en que había ido al Ministerio y había recibido un pago en efectivo. El director volvió a negar todo en medio de un intercambio de palabras que fue subiendo de tono hasta que el presidente del tribunal dio por finalizado el acto.
Más testimonios
También prestó testimonio Graciela Cervera, una empleada administrativa que confeccionaba las órdenes de pago en el área de Obras Públicas y que adjudicó parte de la responsabilidad, tanto por el armado de los expedientes como por el pago de las facturas, a la dirección de administración financiera del organismo. Además declararon; una empleada que cumplía funciones en el área de Auditoría Interna y dos efectivos policiales.
Uno de ellos, el oficial ayudante Héctor Santiago Díaz, señaló que no le constaba la realización de refacciones dentro del área donde se desempeñaba, aunque sí admitió algunas tareas de pintura en la guardia y en el despacho del Jefe de Policía.
El juicio oral continuará hoy a la mañana con la declaración de nuevos testigos.
Pronunc Atione Mo mi Voc Abule
EXPOSICION FOTOGRAFICA
