Tomar represalias contra trabajadores que piensan distinto sería una “metodología cotidiana” en el IPRA. Así lo aseguró el delegado gremial, como también que existe un “alarmante” desconocimiento del manejo de la institución. El gremio reclama los números pero hasta ahora no se brindan. Tampoco se habría informado al Tribunal de Cuentas. La gestión se caracteriza, además, por habituales viajes y comisiones de su Presidente, que no se han traducido en réditos económicos.
Entre los empleados de planta que ya no están en el IPRA se cuenta el director general, Antonio “Tono” Arozteguichar, quien después de 22 años de revista “pidió el pase por diferencias con el presidente y el secretario administrativo.
Además de la ineficiencia como organismo estatal, el IPRA se caracterizaría por una política persecutoria hacia los trabajadores o quien opine distinto.
Así lo reveló el delegado del personal por el gremio UPCN, Sergio Reyes, tras varios reclamos por este motivo que, en algunos casos, fueron corroborados por el área legal y técnica.
“Es cierto, es normal en estas autoridades manejarse de esta forma. Nosotros lo hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo y no hemos tenido soluciones al respecto, algunas cosas han sido judicializadas y en otros casos la misma asesoría legal y técnica del gobierno ha fallado a favor de nuestro compañero de trabajo. Es algo habitual por parte de las autoridades”, reiteró Reyes sobre las maniobras persecutorias de esta gestión.
Afirmó que “sin tener en cuenta ninguna prioridad, sin hacer un análisis de conocimientos, cualquier compañero de trabajo que opine distinto a las autoridades es considerado un opositor o un enemigo”, por lo cual “se hace muy difícil trabajar y por eso estamos en esta situación”, dijo.
Mientras esto ocurre, el presidente del organismo, Adrián Arias, suma millas de sus frecuentes viajes. “En realidad no tengo una comparación con los presidentes anteriores. Es cierto que hay una constante de viajes o comisiones a distintos lugares del país del presidente. Hoy está nuevamente viaticando junto con el secretario de administrativo, luego se toman las vacaciones. Hablan de tareas inherentes a sus funciones pero las gestiones no las vemos”, señaló.
Entre esas gestiones, mencionó las realizadas por Arias ante la Lotería Nacional para traer juegos nuevos, que resultaron “un fracaso”: “Se trajeron dos juegos a la provincia, que fueron un total fracaso, con utilidades que no llegan siquiera a saldar el gasto de los pasajes de los funcionarios para gestionar estas cosas. En su momento el presidente gestionó traer a la provincia la Grande de la Lotería Nacional, y trajo 50 enteros para toda la provincia cuando tenemos cerca de 70 agencias. Eso significa que ni siquiera era un entero para cada agencia de la provincia, así que a algunas les dimos y a otras no. El otro juego era uno de venta a nivel nacional, un juego propio del Súper 10 millonario, que estuvo un mes en funciones y fue totalmente un fracaso”.
Rendiciones, tampoco
Sobre los números del IPRA poco se sabe y lejos quedaron los discursos de transparencia del gobierno. En las resoluciones solamente se expone que los funcionarios viajan “por tareas inherentes a sus funciones”, pero si el Tribunal de Cuentas no pide aclaraciones, quedan “dentro del marco legal” con esa escueta mención.
Tampoco habría detalle de la cuenta general de ejercicio correspondiente al área, datos que según trascendidos le adeuda al Tribunal.
Reyes concedió tal posibilidad porque la están reclamando infructuosamente a través del área laboral: “Nosotros estamos teniendo negociaciones en el Ministerio de Trabajo porque discutimos un tema salarial e insistimos en forma constante que nos acerquen los números del Instituto, los balances, los cierres de ejercicio. O no existen o no nos lo dan. No podemos entender lo que pasa y estamos reclamando eso en el Ministerio de Trabajo, posiblemente si no lo presentaron ante nosotros tampoco lo hicieron allí”, barajó.
Con respecto al personal, precisó que son 105 empleados en el Instituto y que hubo alguna contratación innecesaria de personal de gabinete: “Se ha contratado un abogado cuando hay dos abogados en el Instituto en planta permanente, a los que se les dio una adscripción. Ahora prestan servicios en otros lugares de la administración, y es ilógico, no sabe por qué”, dijo.
Alejamiento forzado
Entre los empleados de planta que ya no están en el IPRA se cuenta el director general, Antonio “Tono” Arozteguichar, quien después de 22 años de revista “pidió el pase por diferencias con el presidente y el secretario administrativo. Arozteguichar ha sido adscripto a la Legislatura. Es un compañero de trabajo de hace muchísimos años y no me extrañaría que haya sido perseguido por parte de las autoridades, porque es una metodología cotidiana”, sostuvo el delegado.
La experiencia se repite tanto en Ushuaia como en Río Grande, solamente por no pensar igual o contradecirlos. “Los toman como un enemigo de la institución, los cambian de lugar o los sancionan. Entiendo yo que por el solo hecho de no pensar como ellos se toman las cosas de esa manera”, dijo el delegado que también pasó por situaciones parecidas.
Alarmante desconocimiento
Finalmente Reyes fue consultado sobre la capacidad de los que dirigen el IPRA actualmente, quienes no contarían con conocimientos sobre los juegos y trámites administrativos: “Realmente es así, es preocupante y alarmante el nivel de desinformación de los responsables del manejo de una institución tan importante como el IPRA. Realmente lo vemos con mucha preocupación”, manifestó.