Presentan pedido de juicio político contra la Gobernadora por mal desempeño en el cargo, la iniciativa la impulsa el abogado Alejandro de la Riva. Es de similares características a la que presentara a mediados de 2005 contra Jorge Colazo, y que culminó con la destitución del mandatario provincial.La gobernadora Fabiana Ríos será denunciada hoy ante la Legislatura por la retención indebida de cerca de 25 millones de pesos de coparticipación al Municipio de Río Grande.
En el escrito se sostendría que el incumplimiento de “remesar en tiempo y forma los fondos de coparticipación a las municipalidades y comunas” configura la causal de destitución por mal desempeño en el cargo, ya que la Constitución califica ese incumplimiento “como falta grave”.
La denuncia, de similares características a la que el propio De la Riva presentara a mediados de 2005 contra el por entonces gobernador Jorge Colazo, colectaría las posturas sustentadas durante ese proceso, que culminó con la destitución del mandatario fueguino, por los, por entonces, legisladores Miguel Portela (MPF) y José Martínez (ARI), y por el todavía legislador Manuel Raimbault (ARI).
Hace unos 4 años atrás, al momento de fundamentar su voto a favor de la destitución de Colazo, el actual senador José Martínez señalaba que “podremos compartir la manda constitucional (del inciso 10 del artículo 135) o no, podremos creerla exagerada o apropiada, pero lo que no podemos es ignorarla, y más aún incumplirla”.
A esto agregaba que “en toda sociedad organizada el respeto por la ley y las instituciones es la base del progreso, y también, la garantía última de todo ciudadano”.
Sostenía también que la manda constitucional que determina la remisión de los fondos de coparticipación a los municipios en tiempo y forma “no es una norma aislada, sino que por el contrario se inscribe en un contexto fundacional que ha conferido particular consideración a los municipios, y acordado especial protección al Régimen Municipal”, por lo que su violación o cumplimiento parcial constituiría un avasallamiento al principio de la autonomía municipal.
Por ello indicaba que aún cuando la conducta de Colazo “únicamente se hubiera limitado a un mero incumplimiento del deber de remesar en tiempo y forma los fondos coparticipables a la Municipalidad de Río Grande, y esta sola circunstancia constituía falta grave, razón por demás suficiente para considerarlo, también, incurso en la causal de destitución por mal desempeño en el cargo, pues resulta difícil considerar que desempeñe bien el cargo aquél gobernador que comete faltas graves”.
Indudablemente la realidad económica financiera de la Provincia en entre 2008 y 2009 dista sustancialmente de la que se vivía en 2005, durante la gestión Colazo. Pero no es menos cierto que la Constitución no contempla atenuantes para el caso en cuestión.
De todas maneras, por tratase de un juicio político, serán los legisladores los que tendrán que analizar desde la perspectiva estrictamente política si Ríos vulneró el mandato constitucional por una decisión antojadiza o si esta demora en la remisión de fondos encuentra amparo en la situación financiera que vive la Provincia, lo que la eximiría de ser sometida al proceso previsto en el artículo 114 de la Carta Magna fueguina.
La responsabilidad de analizar los hechos denunciados recaerá en los legisladores Osvaldo López, Marcelo Fernández y Elida Deheza (del ARI); Ricardo Furlan y Ana Lía Collavino (FPV); Mónica Urquiza (MPF) y Luís Velásquez (Movimiento Obrero) en su carácter de integrantes de la Sala Acusadora.

El IPAUSS atraviesa una etapa de complicaciones en cuanto a la existencia de fondos, desde el Directorio cuestionan el ahogo financiero al que se ve sometido tras el incumplimiento de las obligaciones de pago de aportes y contribuciones por parte de la actual administración de Fabiana Ríos.










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