La Legislatura Provincial convocó a una sesión especial para el próximo jueves con el propósito de darle tratamiento al proyecto de tarifari...
La Legislatura Provincial convocó a una sesión especial para el próximo jueves con el propósito de darle tratamiento al proyecto de tarifaria fiscal. La sesión fue solicitada por los legisladores del bloque del ARI Verónica De María, Fabio Marinello, Elida Deheza y Manuel Raimbault.
La gobernadora Fabiana Ríos envió la semana pasada una nota dirigida al vicepresidente Primero, Manuel Rimbault, aunque dirigida a todos los parlamentarios, manifestando los fundamentos de la necesidad de sancionar el proyecto de ley tarifaria.
En la misiva Ríos señaló:
"El 11 de marzo ppdo. el Poder Ejecutivo Provincial, remitió, a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley de Obligaciones Fiscales, a través del cual propiciábamos la modificación del marco normativo vigente.
La norma tributaria propuesta se presentaba como una reformulación del proyecto presentado el 11 de enero de 2008, a pocos días de asumir el gobierno, en cuyo mensaje de elevación expresábamos “… el proyecto procura una búsqueda realista de solvencia fiscal sustentable y creíble, tanto hacia adentro como hacia fuera de la provincia, para permitir el desenvolvimiento del Estado provincial y la atención de los servicios públicos que resulten imprescindibles…”
“… también se enmarca en la corresponsabilidad que debe existir entre los gastos públicos y los tributos que se apliquen para financiarlos y en este sentido nuestra provincia no puede desconocer que a través del régimen de coparticipación federal todos los argentinos realizan un aporte para el sostenimiento de nuestra provincia, que en virtud del régimen promocional de la ley 19640 contribuye muy acotadamente a la conformación de la masa coparticipable de impuestos federales…”
El proyecto presentado en ese momento, que no obtuvo el acuerdo parlamentario, pretendía plantear un esquema impositivo progresivo, saliendo del modelo de los años 90 y comenzando a gravar actividades que hasta ese momento tenían tasa 0.
Luego de un exhaustivo análisis parlamentario, el resultado del acuerdo arribado fue la aprobación de la ley 756 a la que se le estableció un plazo de vigencia de un año y recogió en su texto una mínima parte de lo propuesto, pero que aún así significó un importante aporte a la difícil situación económica financiera de la provincia.
Sobre fines de 2008, la Legislatura Provincia prorrogó a vigencia de la Ley 756 hasta el 30 de abril de 2009.
La reforma estructural del régimen impositivo de la provincia no había podido ser consensuado.
No obstante ello, entendiendo que los cambios operados en el mundo durante el último trimestre del año 2008 nos obligaban a reformular los planteos realizados a principios de ese año es que presentamos nuevamente un proyecto de ley tarifaria general que pretendíamos se discutiera en el ámbito legislativo.
Nuevamente los tiempos para lograr los consensos superan los tiempos de las urgencias cotidianas, pero fundamentalmente demoran la posibilidad de contar con un sistema tributario previsible y razonable, justo y equitativo.
En los próximos días pierde vigencia la ley 756 y de no contar con un marco normativo que la reemplace, el sistema tributario provincial volverá a regirse por los criterios sostenidos en los años de los “Pactos Fiscales” por los que las provincias disminuían o eliminaban impuestos considerados distorsivos en el marco de la “convertibilidad fiscal” que ya no rige.
No es que no tendremos política fiscal. Atrasaremos el reloj de nuestro sistema tributario con el consecuente perjuicio para la provincia, sus acciones y sus prestaciones.
Entendemos que los tiempos parlamentarios suelen ser distintos a las urgencias cotidianas del ejecutivo, y debe tenderse por sobre todas las cosas, a generar consensos permanentes, sobre políticas a largo plazo.
De la experiencia de este tramo de aplicación de la ley tarifaria que hoy nos rige, y las críticas y aciertos que mereciera el nuevo proyecto, intentamos sintetizar, por medio de la presente, lo actual, con los resultados que –interpretamos- debemos corregir, y los aciertos que, entendemos, debemos incorporar.
En este aspecto, sintéticamente podemos decir que el presente proyecto no es sino la reiteración de la tarifaria corta, con dos modificaciones sustanciales, la eliminación del fondo de solvencia social por un lado, con la supresión de la alícuota agregada al impuesto de Ingresos Brutos y, por otra parte, la incorporación de desgravaciones atadas a dos aspectos que consideramos esenciales en los tiempos que corren: el mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
Recogemos en esto el consenso unánime que se obtuvo con la sanción de la ley 756, con la tendencia impuesta en la legislación actual. En este tiempo, la política fiscal y tributaria también puede resultar una reforma de fondo para mantener empleos.
Entendemos que de esta forma se asegura el objetivo, y no mediante simples desgravaciones. Esta experiencia, como fue dicho, ya fue experimentada en la Argentina. El modelo que se impuso en la década del noventa y la historia han demostrado que la desgravación no se traduce mecánicamente en fuentes de trabajo ni en distribución equitativa.
Por cierto, seguramente pueden existir otras opciones, tan válidas como la que se propone, para encauzar la difícil situación que atravesamos. Lo que no puede compartirse de ninguna manera es que la vuelta a un esquema regresivo pueda darse simplemente con silencio. Necesitamos, como mínimo, un serio debate en relación a estos aspectos.
Mientras construimos los consensos que nos permitan a arribar a esa modificación estructural a la que aspiramos, desarrollemos, sobre la base de los acuerdos posibles un régimen tributario tendiente a la justicia distributiva, garantizando el cumplimiento de las prestaciones del Estado, cuyo requerimiento es directamente proporcional a la magnitud de las crisis.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por la Constitución de la Provincia en el artículo 111, envió el presente proyecto a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. y por su intermedio a los Sres. Legisladores, con mi mayor estima".
La gobernadora Fabiana Ríos envió la semana pasada una nota dirigida al vicepresidente Primero, Manuel Rimbault, aunque dirigida a todos los parlamentarios, manifestando los fundamentos de la necesidad de sancionar el proyecto de ley tarifaria.
En la misiva Ríos señaló:
"El 11 de marzo ppdo. el Poder Ejecutivo Provincial, remitió, a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley de Obligaciones Fiscales, a través del cual propiciábamos la modificación del marco normativo vigente.
La norma tributaria propuesta se presentaba como una reformulación del proyecto presentado el 11 de enero de 2008, a pocos días de asumir el gobierno, en cuyo mensaje de elevación expresábamos “… el proyecto procura una búsqueda realista de solvencia fiscal sustentable y creíble, tanto hacia adentro como hacia fuera de la provincia, para permitir el desenvolvimiento del Estado provincial y la atención de los servicios públicos que resulten imprescindibles…”
“… también se enmarca en la corresponsabilidad que debe existir entre los gastos públicos y los tributos que se apliquen para financiarlos y en este sentido nuestra provincia no puede desconocer que a través del régimen de coparticipación federal todos los argentinos realizan un aporte para el sostenimiento de nuestra provincia, que en virtud del régimen promocional de la ley 19640 contribuye muy acotadamente a la conformación de la masa coparticipable de impuestos federales…”
El proyecto presentado en ese momento, que no obtuvo el acuerdo parlamentario, pretendía plantear un esquema impositivo progresivo, saliendo del modelo de los años 90 y comenzando a gravar actividades que hasta ese momento tenían tasa 0.
Luego de un exhaustivo análisis parlamentario, el resultado del acuerdo arribado fue la aprobación de la ley 756 a la que se le estableció un plazo de vigencia de un año y recogió en su texto una mínima parte de lo propuesto, pero que aún así significó un importante aporte a la difícil situación económica financiera de la provincia.
Sobre fines de 2008, la Legislatura Provincia prorrogó a vigencia de la Ley 756 hasta el 30 de abril de 2009.
La reforma estructural del régimen impositivo de la provincia no había podido ser consensuado.
No obstante ello, entendiendo que los cambios operados en el mundo durante el último trimestre del año 2008 nos obligaban a reformular los planteos realizados a principios de ese año es que presentamos nuevamente un proyecto de ley tarifaria general que pretendíamos se discutiera en el ámbito legislativo.
Nuevamente los tiempos para lograr los consensos superan los tiempos de las urgencias cotidianas, pero fundamentalmente demoran la posibilidad de contar con un sistema tributario previsible y razonable, justo y equitativo.
En los próximos días pierde vigencia la ley 756 y de no contar con un marco normativo que la reemplace, el sistema tributario provincial volverá a regirse por los criterios sostenidos en los años de los “Pactos Fiscales” por los que las provincias disminuían o eliminaban impuestos considerados distorsivos en el marco de la “convertibilidad fiscal” que ya no rige.
No es que no tendremos política fiscal. Atrasaremos el reloj de nuestro sistema tributario con el consecuente perjuicio para la provincia, sus acciones y sus prestaciones.
Entendemos que los tiempos parlamentarios suelen ser distintos a las urgencias cotidianas del ejecutivo, y debe tenderse por sobre todas las cosas, a generar consensos permanentes, sobre políticas a largo plazo.
De la experiencia de este tramo de aplicación de la ley tarifaria que hoy nos rige, y las críticas y aciertos que mereciera el nuevo proyecto, intentamos sintetizar, por medio de la presente, lo actual, con los resultados que –interpretamos- debemos corregir, y los aciertos que, entendemos, debemos incorporar.
En este aspecto, sintéticamente podemos decir que el presente proyecto no es sino la reiteración de la tarifaria corta, con dos modificaciones sustanciales, la eliminación del fondo de solvencia social por un lado, con la supresión de la alícuota agregada al impuesto de Ingresos Brutos y, por otra parte, la incorporación de desgravaciones atadas a dos aspectos que consideramos esenciales en los tiempos que corren: el mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
Recogemos en esto el consenso unánime que se obtuvo con la sanción de la ley 756, con la tendencia impuesta en la legislación actual. En este tiempo, la política fiscal y tributaria también puede resultar una reforma de fondo para mantener empleos.
Entendemos que de esta forma se asegura el objetivo, y no mediante simples desgravaciones. Esta experiencia, como fue dicho, ya fue experimentada en la Argentina. El modelo que se impuso en la década del noventa y la historia han demostrado que la desgravación no se traduce mecánicamente en fuentes de trabajo ni en distribución equitativa.
Por cierto, seguramente pueden existir otras opciones, tan válidas como la que se propone, para encauzar la difícil situación que atravesamos. Lo que no puede compartirse de ninguna manera es que la vuelta a un esquema regresivo pueda darse simplemente con silencio. Necesitamos, como mínimo, un serio debate en relación a estos aspectos.
Mientras construimos los consensos que nos permitan a arribar a esa modificación estructural a la que aspiramos, desarrollemos, sobre la base de los acuerdos posibles un régimen tributario tendiente a la justicia distributiva, garantizando el cumplimiento de las prestaciones del Estado, cuyo requerimiento es directamente proporcional a la magnitud de las crisis.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por la Constitución de la Provincia en el artículo 111, envió el presente proyecto a la Legislatura con pedido de urgente tratamiento.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. y por su intermedio a los Sres. Legisladores, con mi mayor estima".
si no se vota la tarifaria estamos al horno
ResponderBorrarQUE PAGUEN LOS QUE MAS TIENE
Claro, que la parte privada pague los desmanejes, choreos, e ineptitudes de estos aristas de cuarta...
ResponderBorrarle dieron changüi prorrogandolaa 6 meses y despues 4 mas, y en vez de disminuir el gasto...de 30 palos, paso a 50 palos en perdida mensual!!!!!anda a cagarrrr
mueransee aristas ineptos...por dios que se mueran ya CORRUPTOS INEPTOS
jajajajajaja...paguen los que mas tienen
ResponderBorrarLABUREN LA CONCHA DE SU MADRE ROSARINOS MUGRIENTOS, ...ARRASTRADOS....CORRUPTOSS....LABUREN, ALGO QUE NO VIENEN HACIENDO DESDE QUE ASUMIERON LA CONCHA DE SU HERMANA
LO UNICO Q HICIERON ES SUBIR EL GASTO PUBLICO A UNA CIFRA EXORBITANTE,
MUERAN HACIENDOSE CARGO DE SU INEPTITUD
aguante colazo
ResponderBorrarcuando voten esta merda de ley la joda la pagaremos nosotros pedazo de tontos a quien pensas que le pasaran los impuestos que se paguen mas altos ojala que no nos vendan estos lesgisladores sino si que estamos en el horno y con el mismo sueldo
ResponderBorrarque hagan publico el proyecto o lo plebisciten asi desidimos nosotros el pueblo si la joda la bancamos o no estos legisladores del aari nos van a joder de nuevo
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