Presupuesto recargado y con mas ingreso de personal

El incremento del gasto público durante la gestión del ARI no registra precedentes en la corta historia de la provincia: el proyecto de presupuesto 2009 casi duplica el reconducido del 2007 pero los altos ingresos no alcanzan

El déficit también arroja un aumento exponencial y las facultades extraordinarias del proyecto que analiza la Legislatura podrían tener consecuencias confiscatorias.

El avance es posible por la eliminación de cláusulas que obligaban a dar intervención al Poder Legislativo en el proceso de modificación de partidas.

El gobierno prevé además aumentar en más de 2.400 personas la planta de personal que existía en 2007, según se desprende del proyecto.
Un estudio comparativo de la evolución del presupuesto provincial en los últimos años permite concluir que el aumento del gasto no registra precedentes, como tampoco el déficit por la insuficiencia de los recursos para sostener tamañas erogaciones.

El proyecto presentado por el oficialismo plantea un presupuesto 2009 que casi duplica el reconducido del 2007, y el riesgo de que continúe el avance sobre los recursos de entes autárquicos y descentralizados por las facultades extraordinarias para el movimiento de partidas.
El último presupuesto aprobado por la Legislatura fue el 2007, a través de la ley 723, y fue reconducido por la gestión de Ríos que primero rechazó el presupuesto 2008 que había ingresado Hugo Cóccaro, luego demoró la elevación de uno propio, y finalmente se negó a su aprobación si no se incluía un endeudamiento de mil millones de pesos que no lograba consenso en la Cámara.
A pocos días de finalizar el año, los legisladores avanzan hacia la aprobación del presupuesto 2009 y se desconocen modificaciones sustanciales tanto al monto calculado para ingresos, sobredimensionado desde el inicio y más aun luego del estallido de la crisis mundial; como tampoco un límite a las facultades extraordinarias que han permitido a la gestión echar mano a todos los recursos disponibles sin rendir cuentas ni pedir autorización.
Cabe señalar que en las estimaciones de recursos y financiamiento, se han considerado partidas de transferencias del Gobierno Nacional, Otros Recursos No Tributarios, Otros Derechos, financiamiento interno y emisión de títulos y empréstitos, por fuera de la autorización requerida en el Artículo 17º del Proyecto, los que suman más de $620 millones, sin que se mencione el origen y la justificación de los mismos.
A lo señalado, se agrega una solicitud de autorización de endeudamiento por $200 millones del Artículo 17º y una amplia facultad de instrumentación de fideicomisos, fondos fiduciarios, fondos de garantía y otros instrumentos, con monto incierto en el Artículo 19º.
El resultado primario del esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento (AIF) prevé un déficit de $294.7 millones y registra un potente incremento del gasto primario respecto de 2007 y el ejecutado proyectado 2008, con lo que será muy difícil lograr una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda de la Nación, del Consejo de Responsabilidad Fiscal y eventualmente del Banco Central de la República Argentina, para tomar endeudamiento por los montos previstos.
Por otra parte, las facultades previstas en los Artículos 16º y 18º, comúnmente llamadas “facultades extraordinarias” o “superpoderes”, implican otorgar un poder confiscatorio, tanto de los recursos específicos de los organismos descentralizados y autárquicos, como los de coparticipación a los Municipios y Comunas.
Asimismo, se evidencia una sobreestimación de los créditos asignados a la Amortización de la Deuda, muy por encima de los registros históricos, lo que supone un error de cálculo o bien una intención de imprimirle mayor dramatismo al estado de situación y la exigibilidad de la deuda. Algunos especialistas consultados opinan que la sobreestimación podría explicarse en la posibilidad de que la actual gestión esté previendo incrementar la deuda flotante y consolidada hacia 2009, un aspecto que no se explicita.
De lo que no hay duda, ya que figuran expresamente en los anexos referidos a la clasificación del gasto por insumo o partidas parciales, es que se han previsto gastos susceptibles de ser reducidos o eliminados, que seguramente engrosan el resultado deficitario expresado en el Proyecto.
Con un proyecto así presentado todo es posible y la aprobación de la herramienta se convierte en un mero trámite administrativo que abre la puerta a las modificaciones que el gobierno desee realizar después: se han eliminado del proyecto aquellas cláusulas que obligaban al sector público provincial dar intervención al Poder Legislativo en el proceso de aprobación de las modificaciones y adecuaciones presupuestarias; no hay límites o restricciones para la transferencias de partidas sin alterar la composición por Finalidad y Función, y tampoco se prevé la remisión de informes y estados vinculados con la evolución de las finanzas públicas y demás informes contables y presupuestarios, aspecto que no contribuye con los principios de transparencia y acceso a la información que pregonaba el partido gobernante.

Gasto público por las nubes

El primer análisis que deviene del proyecto se vincula con el fuerte incremento del Gasto Público que contiene el Presupuesto del Gobierno Provincial para 2009.
Respecto del Presupuesto reconducido por la actual gestión, aprobado mediante la Ley Provincial Nº 723, se aprecia un incremento equivalente al 96,7%, es decir casi el doble.
Esta virtual duplicación no tiene explicaciones lógicas en el marco de la evolución de la economía, puesto que la inflación registrada a nivel nacional y provincial está muy por debajo del fenomenal incremento. Sólo se explica por políticas salariales que no midieron las consecuencias y el compromiso a futuro.
La recuperación de los niveles de ingreso se registra a partir de la segunda mitad del 2007, cuando se intentó atenuar el efecto inflacionario con la categorización en el sector salud, aumentos al sector docente, aumentos en general a sectores del escalafón seco y húmedo que se siguieron sucediendo.
Pero no todo fueron salarios: se observa un desmesurado incremento de los gastos de funcionamiento del Estado Provincial, especialmente en los incisos Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Uso (exceptuando Construcciones) los que suman un total sólo para el Poder Ejecutivo Provincial de $252,3 millones.
Como contrapartida, los gastos previstos en el plan de obras públicas del Poder Ejecutivo Provincial, o “Construcciones”, tienen asignados un monto total en 2009 que apenas supera los 83 millones de fondos propios: son precisamente $196,2 millones, de los cuales se espera el financiamiento por parte del Gobierno Nacional por $112,3 millones; quiere decir que casi el 60% supuestamente será financiado por programas suscriptos o a suscribir con el Estado Nacional.

Riesgo confiscatorio

Con respecto al Artículo 18º del Proyecto de Ley de Presupuesto 2009, es obvio que el Poder Ejecutivo pretende apropiarse en forma trimestral de los superávit de los organismos descentralizados y autárquicos, incluso los provenientes de programas y fondos específicos, con lo que se aplicaría una norma de neto carácter confiscatorio y anticonstitucional, procurando desfinanciar la capacidad operativa y de inversión de los entes.
El artículo 18º explícitamente señala que “los resultados financieros positivos (superávit) calculados por trimestre que no se encuentren devengados ni comprometidos al cierre de dicho período, en cualquiera de los organismos del Sector Público provincial, centralizados o descentralizados, sean éstos autárquicos o no, así como los provenientes de programas, cuentas o fondos especiales o específicos, podrán ser incorporados por la Tesorería de la Provincia, la que dispondrá de los mismos según su origen y naturaleza, pudiendo proceder a su desafectación y acreditación a rentas generales, o bien a su reasignación al organismo cedente, según corresponda”.
El artículo no alcanza a los organismos de Seguridad Social, ni a los recursos provenientes de los Fondos de Solvencia Social y de Fomento, pero incluye entes como el IPV, el IPRA, la Dirección de Puertos y autoriza a disponer no del superávit anual sino del que se registre en cierres trimestrales, por lo tanto si el superávit se produce en temporada alta el gobierno puede apropiárselo aun cuando debiera reservarse para sostener los costos de la temporada baja, si se toma como ejemplo el Puerto.

Déficit disfrazado

El balance entre los gastos y recursos marca un aumento del déficit provincial que, sin embargo, pareciera ser menor en el proyecto de ley de Presupuesto 2009 respecto del período en curso.
Sin embargo de sincerarse la sobreestimación de ingresos, resultará sin duda superior a la estimación oficial.
La evolución que registran los datos oficiales es la siguiente (cifras en millones de pesos):

-Año 1999, Ley N° 427; gastos 463,40; recursos 389,85; balance $-73,55.
-Año 2000, Ley N° 460; gastos 388,15; recursos, 404,96; balance $16,81.
-Año 2001, Ley 512; gastos 443,56; recursos 417,36; balance $-26,20.
-Año 2002, Ley Nº 542; gastos 422,65; recursos 437,90; balance $15,25.
-Año 2003, Ley Nº 568; gastos 456,97; recursos 447,02; balance $-9,95.
-Año 2004, Ley Nº 616; gastos 610,45; recursos 626,17; balance $15,72.
-Año 2005, Ley Nº 661; gastos 767,46; recursos 855,77; balance $88,31.
-Año 2006, Ley Nº 702; gastos 1.403,41; recursos 1.267,32; balance $-136,09.
-Año 2007, Ley Nº 723; gastos 1.432,55; recursos 1.394,97; balance $-37,58.
-Año 2008, Proyecto ARI; gastos 2.346,43; recursos 2.010,93; balance $-335,50.
-Año 2009, Proyecto ARI; gastos 2.818,21; recursos 2.523,53; balance $-294,68.


El ARI pretende superar la mitad de los ingresos del Megapase

Planta de personal: un aumento sin frenos

El crecimiento de la planta de personal, sumado a la recomposición salarial que se vino otorgando en los últimos años, explica también buena parte del desmedido aumento del gasto público, que en ningún caso se ha traducido en más y mejores servicios.
Un dato que no se conoce: el ARI prevé entre 2008 y 2009 más de 2.400 ingresos, por fuera de las leyes de Megapase.

Durante la gestión del MPF y el PJ las cifras se mantienen estables y hasta con una mínima disminución, pero luego del Megapase I y II y más allá de los cupos que las normas previeron, continuó el crecimiento.
Veamos las cifras que registran las leyes de Presupuesto de cada período:

- Año 1999, Ley N° 427, 7.123 empleados.
- Año 2000, Ley N° 460, 7.643 empleados.
- Año 2001, Ley N° 512, 7.645 empleados.
- Año 2002, Ley N° 542, 7.641 empleados.
- Año 2003, Ley N° 568, 7.759 empleados.
- Año 2004, Ley N° 616, 7.938 empleados.
- Año 2005, Ley N° 661, 11.938 empleados.
- Año 2006, Ley N° 702, 13.604 empleados.
- Año 2007, Ley N° 723, 12.211empleados.
- Año 2008, Proyecto no aprobado, 13.924 empleados.
- Año 2009, Proyecto en estudio, 14.684 empleados.

Cabe reiterar que para el año en curso y para el entrante, el ARI plantea un crecimiento muy significativo de la planta de personal que marcaría un aumento en este lapso de gestión de 2.473 personas (2008-2009), si se toman las cifras del 2007 y se comparan con el proyecto de presupuesto 2009.
El Megapase I implicó cuatro mil personas más entre la planta de 2004 a la de 2005, a la que se sumó un nuevo cupo de 600 por el Megapase II. Sin ninguna de estas leyes de por medio, el incremento previsto por la gestión actual supera la mitad de aquel polémico pase de planes al Estado que desequilibró las finanzas públicas.