Juez Penza se pronuncio sobre desarme del Pipo

El juez Penza dijo que “no me pronuncié sobre el derecho a ocupar o no” de los usurpadores, sostuvo que en la resolución en la que ordenó l...

El juez Penza dijo que “no me pronuncié sobre el derecho a ocupar o no” de los usurpadores, sostuvo que en la resolución en la que ordenó la suspensión del operativo de desarme de una vivienda en construcción ubicada en terrenos pertenecientes a la Municipalidad -en el sector del río Pipo- “no me pronuncié sobre el derecho de ocupar o no” de los intrusadores. El magistrado argumentó que “hice valer” la Ley de Emergencia Habitacional que sostiene que, en el caso de las usurpaciones producidas después de la promulgación de la norma, los desalojos deben exigirse por vía judicial.



Asimismo, remarcó que se trata de una medida cautelar y por tanto de carácter “provisorio”, la cual no inhibe al Municipio de tramitar judicialmente el desalojo.
Cabe recordar que, de acuerdo a la información con la que cuenta el Municipio, que la vivienda enclavada en terrenos fiscales pertenece a un matrimonio de profesionales con ingresos superiores a 10.000 pesos, que a su vez alquila una vivienda en calle Fuegia Basquet, y que alega haber comprado el terreno en 40.000 pesos a una antigua pobladora”.
Penza relató que “concurro al lugar por una causa totalmente distinta, que era la presentación de una vecina en la que se me comunica que le están desarmando la vivienda.
Cuando me acerco al lugar pregunto si esa persona vive ahí y el intendente (Federico Sicurano) me dice que no, por eso me retiro sin hacer ningún comentario”. Posteriormente, “cuando llego al Tribunal se presenta un amparo de los ocupantes de esa vivienda que se estaba desarmando”.
Para el juez, “esto hay que aclararlo porque si no se da la imagen de una Justicia esquizofrénica; mi primera intervención está vinculada a otro expediente”.
El magistrado arguyó que la medida cautelar “dice que si bien la situación de esta familia no es la que protege la ley 746 de Emergencia Habitacional porque la misma contempla los casos de ocupaciones anteriores a la promulgación”, la propia ley “en el artículo 8º dice que en aquellas ocupaciones posteriores tanto el Estado municipal como provincial tienen facultades de pedir judicialmente el desalojo”.
Por lo tanto, “acá no me pronuncié sobre el derecho a ocupar o no, sino que hice valer una norma provincial a la que se tienen que ajustar las autoridades; es una cuestión de procedimientos, tienen que requerir el desalojo”.
Penza Remarcó que “la resolución se tomó con los elementos que están en la causa, es una medida cautelar, que es provisoria. Si algo se está desarmando y uno se toma tiempo para merituar con mayor prudencia, hasta que uno termina de resolver una situación se torna abstracta porque ya se concreta el daño”.
En ese sentido, afirmó que “estas son cuestiones de urgencia que se presentan cuando los hechos se están consumando y uno tiene que evaluar circunstancias con prontitud y hasta con ligereza”.
Ante ello, “el Tribunal tomó el recaudo de enviar interventores para que verifiquen determinadas circunstancias, como que esas personas efectivamente vivan ahí. Y cuatro testigos de la zona confirman que esas personas hace dos meses que están viviendo en esa casa”.
“Me guío por las constancias del expediente y tengo cuatro testigos que manifiestan esto, después si se me hace conocer que falsean la verdad y que esta gente no estaba viviendo en el lugar evidentemente son elementos que no tuve en cuenta en el momento.
No soy Dios para saber cómo ocurrieron las cosas para atrás, yo reconstruyo la realidad a través de determinadas pruebas, en este caso el testimonio de los testigos”, continuó el juez en declaraciones a FM del Sur.
Por último, Penza insistió: “Entendemos que es una familia que está ocupando un predio de propiedad del Estado municipal y para ser desalojados se debe instrumentar un reclamo judicial”.